Ryan Hreljac, un ejemplo a imitar.-

El niño que le quitó la sed a medio millón de africanos.
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Ryan nació en Canadá en mayo del 91. De pequeño, en la escuela, cuando tenía tan solo seis añitos su maestra les habló de cómo vivían los niños en África.

Se conmovió profundamente al saber que algunos hasta mueren de sed, que no hay pozos de dónde sacar agua, pensar que a él le bastaba dar unos pasos para que el agua saliera del grifo durante horas…

Ryan preguntó cuánto costaría llevarles agua. La maestra lo pensó un poco y recordó una organización llamada WaterCan dedicada al tema y le dijo que un pequeño pozo podía costar unos 70 dólares.

Cuando llegó a su casa fue directo a su madre Susan y le dijo que necesitaba 70 dólares para comprar un pozo para los niños africanos. Su madre le dijo que debía ganárselos él mismo y le fue poniendo tareas en casa con las que Ryan se ganaba algunos dólares a la semana. Finalmente reunió los 70 dólares y pidió a su madre que lo acompañara a la sede de WaterCan para comprar su pozo para los niños de África. Cuando lo atendieron le dijeron que lo que costaba realmente la perforación de un pozo eran 2000 dólares. Susan le dejó claro que ella no podía darle 2000 dólares por más que limpiara cristales para toda la vida, pero Ryan no se rindió. Le prometió a aquel hombre que volvería… y lo hizo.

Contagiados por su entusiasmo, todos se pusieron a trabajar : sus hermanos, vecinos y amigos. Entre todo el vecindario lograron reunir 2000 dólares trabajando y haciendo mandados y Ryan volvió triunfal a WaterCan para pedir su pozo.
En enero del 99 se perforó un pozo en un pueblo al norte de Uganda. A partir de ahí empieza la leyenda. Ryan no ha parado de recaudar fondos y viajar por medio globo buscando apoyos.

Cuando el pozo de Angola estuvo hecho, el colegio comenzó un carteo con niños del colegio que estaba al lado del pozo, en África.

Así Ryan conoció a Akana; un chico que había escapado de las garras de los ejércitos de niños y que luchaba por estudiar cada día. Ryan se sintió cautivado por su nuevo amigo y pidió a sus padres ir a verle. Con un gran esfuerzo económico por su parte, los padres pagaron un viaje a Uganda y Ryan en el 2000 llegó al pueblo donde se había perforado su pozo. Cientos de niños de los alrededores coreaban su nombre formando un pasillo.
- ¿Saben mi nombre? -preguntó Ryan a su guía
- Todo el mundo a 100 kilómetros a la redonda lo sabe, le respondió.

En la actualidad Ryan Hreljac tiene su propia fundación y llevan más de 400 pozos realizados en africa, este dato fue tomado en el año 2010.-

Medios, Poder Judicial y Democracia.-

Gustavo Bulla pone en tela de juicio la actuación del Poder Judicial respecto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y cuestiona el sentido democrático de las medidas adoptadas desde la Justicia para postergar la aplicación de la norma aprobada hace más de tres años.

En términos generales la actuación del conservador Poder Judicial respecto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual resulta por lo menos paradójica.

Es que la periodísticamente mal llamada “Justicia”, tras más de tres años de idas y venidas en torno a la vigencia de la ley, en su afán ya a todas luces inocultable de proteger al poderosísimo Grupo Clarín –por terror o convicción–, les ha brindado a los argentinos una insuperable clase de anticapitalismo, o si se quiere ser menos terminante, de antiliberalismo.

La igualdad –formal– ante la ley, como uno de los pilares del liberalismo político, ha quedado herida de muerte con los innumerables desatinos cometidos por las distintas instancias del menos democrático de los poderes del Estado. Y ésta no es una formulación ideológica respecto del rol del Poder Judicial en una sociedad capitalista. Es una constatación de los hechos y las conductas. ¿Habrá un antecedente mínimamente comparable en la historia legislativa argentina con lo sucedido en los estrados judiciales con la ley 26.522? ¿Alguien se puede imaginar, no ya a un trabajador, a un pequeño medio de comunicación logrando movilizar a todos los recursos judiciales para sostener supuestos derechos adquiridos incompatibles con la legislación vigente?

Las cárceles argentinas desbordan de personas privadas de su libertad por ser sospechadas de haber cometido algún delito. Sin condena firme, son arrojados a lo que muchos consideran auténticas escuelas de delincuencia. Miles de presos y presas desmienten todos los días aquello de que “todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario”. Jueces de todas las instancias y jurisdicciones no trepidan en quitarles a ciudadanos lo que se supone como la posesión individual más valiosa: la libertad. Un solo día injustamente “a la sombra” no tiene compensación alguna.

Sin embargo, el Grupo que en el peor de los casos vería muy parcialmente dañado su patrimonio –como lo explicita un fallo de la Corte– ha logrado para sorpresa de propios y extraños la suspensión por más de tres años de las cláusulas antimonopólicas que contiene la ley más debatida democráticamente por nuestro pueblo.

Estos acontecimientos nos impulsan, más allá y más acá de Perogrullo, a confirmar lo que la percepción popular sabe desde siempre, que en nuestro país “hay una justicia para los ricos y otra para los pobres”.

La diferencia obvia presente en la división de poderes es que hay dos que gobiernan y sus miembros son seleccionados por el voto popular, y otro que “observa la constitucionalidad de los actos de gobierno” y sus miembros no surgen de las preferencias de los ciudadanos.

Durante la primacía neoliberal, no pocos sostuvimos que la razón principal por la cual era impensable una ley que derogara el decreto de radiodifusión de la dictadura era la imperiosa necesidad de los dirigentes políticos de revalidar sus títulos electivos a través de la presencia intensiva en los medios masivos de comunicación. Y por aquello de que nadie muerde la mano del amo que le da de comer...

Pero resulta que los jueces, que en teoría no dependen de los medios para revalidar sus mandatos vitalicios con salarios intangibles, se han convertido ahora en la garantía de perduración del monopolio mediático. ¿Lo harán por la composición de clase del Poder Judicial? ¿Será por las convicciones político-ideológicas de la familia judicial? ¿Será por terror a la información que se pueda difundir sobre la vida pública y privada de Sus Señorías? ¿Será por una mezcla en distintas proporciones de estas razones?

Lo que tampoco deja de llamar la atención es el comportamiento de destacados colegas del mundo académico de la comunicación, que han encontrado la coartada perfecta de la búsqueda incesante de la neutralidad –una de las múltiples facetas de la opción por los ricos– en la denuncia de la supuesta carencia de republicanismo de los medios públicos. Mientras se hace gala de un idealismo institucionalista carente de toda materialidad e historicidad, al mismo tiempo se analiza cínicamente la confrontación entre poderes democráticos y el poder permanente. Sus valiosos aportes de otrora sobre la nocividad de las posiciones dominantes de los grupos concentrados de medios cedieron paso ahora a la mirada independiente mucho más atenta a los niveles no tolerables de parcialidad de los medios en manos estatales que a la vulneración de la voluntad popular perpetrada a través de las chicanas judiciales.

Se ha dicho muchas veces, no obstante, la reiteración no le resta veracidad a la afirmación; la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual excede largamente la mera regulación del uso de las frecuencias radioeléctricas para la radio y la TV. De su suerte depende buena parte del futuro institucional de nuestra democracia. ¿Será justicia?

Vía: Gustavo Bulla (Profesor de Comunicación UBA/UNLZ)

LEY DE MEDIOS, MUCHO MAS QUE DOS ARTÍCULOS - AFSCA

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es mucho más que los dos artículos que están siendo cuestionados por el grupo Clarín en la justicia. En ellos se discute la concentración de medios, un tema fundamental para profundizar la democracia. Pero por fuera de ellos, la Ley de Medios habilitó muchas otras posibilidades de democratizar  la información y transformarla en lo que es: un derecho humano.-


Una de las áreas clave de democratización de la información y profundización de la democracia que habilita la ley es la posibilidad de sancionar la violencia mediática, que no es otra cosa que la discriminación y humillación específica hacia las mujeres en los medios, lo que antes llamábamos sexismo en la comunicación. Se trata de una herramienta fundamental para el logro de la igualdad de género en la sociedad. Los medios de comunicación son uno de los soportes fundamentales de la violencia simbólica que reproduce la desigualdad entre las diversas identidades de género desde hace miles de años. Los medios transmiten valores, patrones de conducta, modelos culturales y sociales. Al igual que lo hacen otras instituciones sociales que también generan y reproducen estereotipos masculinos y femeninos, como la Iglesia, la educación, las empresas, el deporte, y podríamos seguir… En cada uno de estos ámbitos hay ideas potentes y fijas sobre cómo deben comportarse las personas identificadas con el género masculino y con el femenino, las conductas que deben tener para ser aceptadas socialmente y cómo deben ser rechazadas quienes no se adapten a estos estereotipos de género. -


La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en conjunción con la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (Ley de Violencia de Género), conforman un entramado que permite sancionar estos estereotipos sexistas y discriminatorios en los medios de comunicación. Se trata de una herramienta fundamental para lograr que los medios sean menos reproductores de desigualdades de género y, si fuera posible, apuntaran a la promoción de la igualdad. Somos muy afortunadas las personas en Argentina que disponemos de estas herramientas legales. En América Latina, sólo Venezuela tiene una figura jurídica similar a la nuestra de violencia mediática y no es de efectivo cumplimiento. En Nicaragua, a comienzos de 2012 el gobierno intentó sancionar una nueva Ley de Violencia de Género que incluyera esta figura y la iniciativa fue rechazada de plano por los medios de comunicación con intervención de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).-


Sin embargo, aun teniendo este panorama legal tan positivo –que se complementa con el Decreto 936 de Prohibición de Avisos de Prostitución, firmado por la presidenta en 2011, y con el Acuerdo Compromiso para el Desarrollo de una Sociedad con Equidad de Género, firmado por los medios públicos a instancias de la Jefatura de Gabinete en noviembre de 2012–  no podemos decir que se haya avanzado sustancialmente en la aplicación de las normas desde su vigencia, en octubre de 2010. En 2012 se difundió una multa de 3 millones de pesos a Showmatch por el desnudo total de Cynthia Fernández en noviembre de 2011, sin embargo aún no se efectivizó por los tiempos administrativos y judiciales previstos por la misma ley. No se conoció públicamente que la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) –organismo encargado de implementar la Ley de Medios– haya aplicado otra multa por un caso de violencia mediática en estos dos años. Y lo que es peor, en el expediente por el cual se le aplicó la sanción a Showmatch no fue mencionada la vulneración de la Ley de Violencia de Género. El programa fue multado por la infracción de la Ley Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. A esta invisibilización de la violencia específica contra mujeres y niñas, aún en los organismos con mandato para implementar la erradicación de patrones socioculturales de conducta, se suma la falta de promoción del debate sobre violencia mediática desde el Estado, un espacio vacío que vienen ocupando la sociedad civil, la academia y algunos organismos provinciales y/o nacionales aisladamente.-

En octubre de 2012 asumió en la AFSCA Martín Sabbatella, líder de un grupo político que levanta y ejecuta las banderas de la igualdad de género desde sus orígenes en la función pública en el Municipio de Morón. Sabbatella se comprometió a que uno de las áreas fuertes de la AFSCA sería la de la igualdad de género. Esto debería implicar la mejora en las evaluaciones –de tal manera que la violencia de género no sea ninguneada–, la mayor celeridad y efectividad en las sanciones, y la promoción de un debate cultural sobre el sexismo en los medios. -


Para muchas personas, no hay relación entre los planos detalle de la cola o las tetas de las mujeres en la mayoría de los programas de televisión y la posibilidad de que esas y otras mujeres sean víctimas de violencia de género. 
Sin embargo, la violencia simbólica es eso: machacar todo el tiempo en la mente de la sociedad que el estereotipo masculino es poderoso, fuerte, el mejor; y el femenino débil, maleable y vulnerable. -


Sería una enorme pena, y pasaría a integrar el sino de gran parte de las normas argentinas, que la excelente normativa de que disponemos actualmente en el país en materia de violencia mediática quede reducida a una mínima implementación y despliegue de las enormes posibilidades que habilita la Ley de Medios.-

Vía: @sandrachaher1